El Pleno de El Ejido aprueba una moción para impulsar el acceso a la vivienda y reforzar la seguridad jurídica
El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido ha aprobado por mayoría una moción presentada por el equipo de Gobierno que recoge una amplia batería de medidas dirigidas al Gobierno de España, defendiendo un modelo centrado en la reducción y simplificación de trámites, una rebaja de la fiscalidad vinculada a la vivienda, la mejora de los módulos de VPO y una mayor seguridad jurídica para los propietarios.
El alcalde, Francisco Góngora, ha explicado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país, por lo que considera necesaria una reforma en profundidad y un Pacto de Estado para afrontar el déficit existente. Asimismo, ha destacado las dificultades derivadas del incremento de los costes de construcción, la lentitud de los procedimientos urbanísticos y la reducción de la oferta de alquiler residencial.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alberto González, ha señalado que los datos del Ministerio de Vivienda reflejan que la política estatal no ha conseguido incrementar suficientemente la oferta residencial. En este sentido, ha recordado que España mantiene un déficit estructural superior a las 400.000 viviendas y que el parque público de vivienda continúa por debajo de la media europea.
En relación con la situación local, Góngora ha subrayado que el modelo económico basado en la agricultura intensiva ha convertido a El Ejido en un importante foco de atracción laboral y poblacional, generando una presión constante sobre el mercado residencial. Sin embargo, la complejidad administrativa y la lentitud en la tramitación urbanística continúan retrasando la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda.
Ante este escenario, el alcalde ha defendido la necesidad de agilizar y digitalizar los procedimientos urbanísticos, mejorar la coordinación entre administraciones y aumentar la oferta residencial como principal vía para facilitar el acceso a la vivienda.
La moción aprobada insta además al Gobierno de España a promover una rebaja integral de la fiscalidad que grava la vivienda en todas las fases de su ciclo de producción y acceso, desde la transformación urbanística del suelo hasta la adquisición final por parte de los ciudadanos, con el objetivo de reducir costes y favorecer una vivienda más asequible.
Otro de los puntos destacados reclama actuar con firmeza contra la ocupación ilegal de inmuebles y el impago profesionalizado de alquileres, reforzando la protección de la propiedad privada y dotando de mayor seguridad jurídica a propietarios y comunidades de vecinos.
Asimismo, el acuerdo solicita al Ejecutivo central una mayor transparencia sobre las viviendas realmente construidas y entregadas en el marco de los distintos planes estatales de vivienda, mediante la fijación de objetivos anuales verificables y mecanismos públicos de seguimiento.
La Corporación también ha mostrado su preocupación por el nuevo sistema de cofinanciación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incrementa hasta el 40% la aportación exigida a las comunidades autónomas, una medida que, según recoge la moción, podría dificultar la ejecución de actuaciones previstas en Andalucía.
El texto rechaza igualmente la declaración de zonas de mercado residencial tensionado contemplada en la Ley estatal de Vivienda, al considerar que la limitación de precios del alquiler puede reducir la oferta disponible y generar inseguridad jurídica. Frente a ello, respalda el modelo impulsado por la Junta de Andalucía a través de la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, basado en el aumento de la oferta y la simplificación administrativa.
Entre los acuerdos aprobados figura también la creación de una Unidad de Asesoramiento en Materia de Desahucios y Lucha contra la Ocupación Ilegal, así como la elaboración y actualización de un inventario de suelos, edificios y viviendas susceptibles de destinarse a promoción de vivienda protegida o asequible.
Además, se apuesta por la simplificación de los procedimientos urbanísticos, la reducción de los plazos para la emisión de informes sectoriales y la movilización de viviendas deshabitadas hacia el alquiler asequible mediante programas de intermediación, incentivos y garantías para los propietarios, en colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Finalmente, la moción insta al Gobierno de España a aprobar la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles, revisar las ayudas a la promoción de vivienda protegida para adaptarlas al incremento real de los costes de construcción y aplicar una rebaja fiscal que contribuya a incrementar la oferta residencial y facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible.
